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Abolición de la pena de muerte

Portugal fue el primer país europeo que abolió la pena de muerte y renunció a su aplicación mucho antes de que se legislara efectivamente su abolición. La pena de muerte fue abolida por “delitos políticos” en 1852, en el reinado de María II, mediante una modificación de la Constitución, y por “delitos civiles” en 1867, estando en el trono el rey Luis. Se mantuvo la pena de muerte dentro del Ejército hasta 1911, bajo el Código de Justicia Militar. Su total abolición quedó recogida en la nueva Constitución de la Primera República portuguesa. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1916, se restableció para “delitos de traición” en tiempo de guerra, y únicamente podía aplicarse en escenarios de guerra. Terminada la contienda, quedó completamente abolida en 1976 bajo el nuevo régimen democrático, cuya Constitución establece que “no se aplicará la pena de muerte en ninguna circunstancia”.

Desde 1834 no hay constancia de la aplicación de la pena de muerte por “delitos políticos” en Portugal. La última ejecución documentada en suelo portugués por un “delito civil” tuvo lugar en 1846, en la ciudad meridional de Lagos. La última vez que una mujer fue ejecutada en Portugal fue, según los registros, el 1 de julio de 1772.


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